La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, junto a varios diputados de su grupo.EFE
La tempestuosa relación entre el Gobierno y Junts, que lleva desde el inicio de la legislatura trayendo de cabeza a la Moncloa, ha registrado esta semana un nuevo terremoto con el anuncio de los de Carles Puigdemont de que el próximo lunes celebrarán una reunión en Perpiñán (Francia) para decidir si rompen con el Ejecutivo. No es la primera vez que Junts amenaza con dinamitar los puentes con la Moncloa: con mayor o menor contundencia, los independentistas llevan los poco más de dos años de legislatura lanzando órdagos y, hasta el momento, nunca han terminado de consumarlos.
La estrategia del partido de Puigdemont desde que las elecciones de 2023 lo convirtieron en un socio imprescindible para que el presidente Pedro Sánchez lograra mayoría en el Congreso ha pasado por mantener una relación ambigua con el Gobierno. Junts ha apoyado al Ejecutivo para sacar adelante algunas normas clave —recientemente, la ley de movilidad sostenible o el decreto de embargo de armas a Israel—, pero también le ha propinado sonoras bofetadas y ha derribado iniciativas como el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, el decreto antiapagón o incluso un paquete de medidas tan dispares como la revalorización de las pensiones, la fijación de la cuantía del salario mínimo o ayudas al transporte público.
Esas votaciones son el correlato parlamentario del discurso que ha querido mantener Junts desde el inicio de la legislatura, que pasa por hacer equilibrios entre apoyar algunas iniciativas del Gobierno y, a la vez, insistir en que Sánchez no puede contarlos entre sus socios estables y debe negociar «carpeta a carpeta». Esta estrategia les ha servido para sacar adelante normas como la ley de amnistía, así como para acordar iniciativas que el Ejecutivo lleva meses intentando sacar adelante —por ahora, sin demasiado éxito—, como la oficialidad del catalán en las instituciones de la UE o el traspaso de las competencias sobre inmigración a la Generalitat.
La oficialidad del catalán ha sido, nuevamente, la baza a la que ha recurrido el Gobierno para intentar calmar las aguas con Junts antes de la reunión que mantendrá este partido el lunes. Este viernes, Moncloa logró que Alemania, uno de los países que siempre se han mostrado más reticentes a incluir el catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico de la UE, estuviera de acuerdo en «abrir un diálogo» al respecto.
Los pactos, no obstante, han ido alternándose durante la legislatura con muchos momentos de tensión entre Junts y el Gobierno. La primera amenaza de Puigdemont a la estabilidad del Ejecutivo se produjo apenas unos meses después de ser investido Sánchez como presidente, en enero del año 2024, cuando Junts paralizó el primer intento de aprobar la ley de amnistía para forzar a la Moncloa a endurecer el texto. Aunque finalmente la sangre no llegó al río y los secesionistas terminaron firmando un acuerdo para sacar adelante la norma, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya deslizó sus primeras amenazas cuando criticó que «lo acordado con el PSOE era resolver el conflicto político y la base era la ley de amnistía, y si esta base falla, no hace falta que lleguemos a todo lo demás».
En septiembre de ese mismo año, la relación entre Junts y el Gobierno volvió a pasar por un momento muy bajo cuando los independentistas forzaron al Ministerio de Hacienda a retirar la votación en el Congreso de la senda de estabilidad, el primer paso para elaborar unos Presupuestos Generales del Estado para 2025 que, finalmente, ni siquiera se presentaron. Entonces, el partido no amenazó a Sánchez con la ruptura total de relaciones, pero tampoco fue un desencuentro más, puesto que los independentistas acusaron a la Moncloa de querer «apoyo a cambio de nada» y de no cumplir los acuerdos alcanzados.
Durante el año 2025, por su parte, ha habido dos momentos especialmente tensos en los que se abrió la puerta a la ruptura de los puentes entre el Gobierno y su socio más díscolo. El primero tuvo lugar en enero, cuando Puigdemont reunió a la ejecutiva de Junts para pedir solemnemente la celebración de «una reunión urgente» para recuperar una confianza que, aseguró entonces el expresident, estaba muy tocada. Entonces, Puigdemont aseguró que existía «un riesgo real de ruptura», y espetó al Ejecutivo que «la voluntad y la determinación de Junts son reales, lo eran y lo son» y que «si no se recupera la confianza y se respeta el acuerdo en la letra y el espíritu, las cosas no irán bien».
El segundo gran momento de tensión de este año, en realidad, está muy relacionado con ese primero, y se produjo durante todo el mes de febrero de este año. Si Junts entendía que su confianza con el Gobierno se había resentido era porque la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, había inadmitido una proposición no de ley de los independentistas instando a Sánchez a presentar una cuestión de confianza, es decir, a poner su cargo a disposición de la Cámara Baja. Finalmente, tras varias semanas de desencuentro, Junts y la Moncloa pactaron una redacción más suave de la iniciativa y, a finales de febrero, los independentistas terminaron retirándola antes de que se votara como gesto de buena voluntad, aunque insistiendo en que su «confianza» en el PSOE estaba «deteriorada».
El fantasma de Aliança Catalana
En cualquier caso, la reunión que mantendrá el próximo lunes la cúpula de Junts para decidir si debe dar un volantazo a su estrategia en Madrid es importante porque, a diferencia de lo que ocurría hace dos años, se celebrará en un contexto insólito para el partido. Desde hace unos meses, Junts ha comenzado a sentirse realmente amenazado por el fulgurante crecimiento a su derecha de una Aliança Catalana que está consiguiendo penetrar con mucha fuerza en el electorado de los de Puigdemont mediante un discurso xenófobo sin ambages, de mano dura en materia de seguridad y de confrontación total con el Estado. Y eso ha puesto nerviosos a muchos cuadros de Junts, particularmente a sus alcaldes de la Cataluña interior, uno de los principales feudos del partido.
De hecho, la cumbre de Perpiñán del lunes que viene tendrá lugar una semana después de que varios de los principales regidores de Junts se reunieran en Waterloo (Bélgica) con Puigdemont para trasladarle estos temores y para pedirle que apriete al PSOE en materia de inmigración y seguridad. Asimismo, el mes pasado, cinco regidores se reunieron con el secretario general de Junts, Jordi Turull, para pedirle un cambio de estrategia para intentar volver a tomar una posición central en la política catalana, y plantearon dos vías: que Junts negocie en la Generalitat con el Govern que lidera el PSC en lugar de oponerse a todas sus iniciativas, y también que abandone sus recelos a colaborar con Aliança Catalana en materias como la prohibición del velo en las escuelas.