Una de las derivadas del caso Koldo, la investigación de la trama por la que el exasesor de José Luis Ábalos y otros imputados habrían cobrado comisiones ilegales por la compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia del coronavirus, apunta directamente hacia Baleares. Uno de los contratos que se investigan se firmó con la comunidad insular por valor de 3,7 millones de euros.
Esas mascarillas resultaron ser defectuosas, pero el Govern balear tardo hasta tres años en reclamarlo. Antes de eso, cargó el coste de dicho material a los fondos europeos.
Numerosos interrogantes en torno a una nueva rama del caso Koldo, la trama balear, que pone el foco sobre el Ejecutivo de Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso de los Diputados. El PP, de hecho, ha pedido su dimisión inmediata por una investigación que, según consideran, señala a su Govern como «conocedor y colaborador activo de una presunta estafa». ¿Cómo se adquirieron las mascarillas y cuándo se supo que eran defectuosas? ¿Por qué el Govern balear no reclamó en el momento?
Baleares compró a la empresa asociada a Koldo García
En los primeros meses de la pandemia y ante la falta de material sanitario como mascarillas, el Gobierno de Baleares, entonces presidido por Armengol, realizó una compra de 1,5 millones de FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad ahora relacionada con Koldo García.
Esta empresa también firmó contratos con el propio Ministerio de Transportes y con otras instituciones como Interior, Sanidad y el Gobierno de Canarias. Según las investigaciones de Anticorrupción, Koldo García habría jugado un papel clave al facilitar información a sus socios para que Soluciones de Gestión optase y consiguiese la adjudicación de ocho contratos públicos para el suministro de mascarillas con carácter de emergencia.
El Govern sabía que eran mascarillas defectuosas
Esas mascarillas adquiridas por Baleares en la primavera de 2020 fueron analizadas y se concluyó en un informe ese mes de junio que no cumplían los requisitos, ya que su calidad era insuficiente para ser consideradas de tipo FFP2.
Sin embargo, y a pesar de que ya conocían la mala calidad del producto adquirido, en agosto de 2020 el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) emitió un certificado de conformidad con el pedido a solicitud de Soluciones de Gestión. Este es un documento que las empresas piden de forma «habitual» para poder aspirar a otros contratos públicos, según explicó el actual director de IbSalut, Javier Ureña.
El gasto se cargó a los fondos de la UE
A pesar de que ya se tenía constancia del defecto de calidad de las mascarillas, el Gobierno balear cargó el gasto de los 3,7 millones de euros abonados a Soluciones de Gestión a la Unión Europea.
Según publica El Mundo, las mascarillas fueron retiradas y guardadas en un almacén en Marratxí (donde permanecen, ya caducadas), pero el Govern de Armengol incluyó su compra en un lote de contratos de material cargado a los fondos Feder (Fondos para el Desarrollo de la UE) en diciembre de 2020, más de medio año después de su compra.
En aquel momento, el formulario de fiscalización realizado para cargar el gasto a la UE aseguraba que el contrato «cubría la totalidad de lo solicitado». Ahora, tras el estallido del caso Koldo, el actual Gobierno de Baleares ha ordenado anular la certificación del gasto imputado a la Unión Europea por las mascarillas defectuosas, por lo que ese importe será descontado de futuros pagos de los fondos Feder.
Tres años después, Baleares pide una devolución
Tres años después de la operación y de conocerse el defecto de calidad de las mascarillas, en verano de 2023 y con la legislatura prácticamente finalizada, el Govern exigió la devolución de 2,6 millones de euros, alegando un sobrecoste por el material que llegó a las islas en 2020.
El expediente fue materializado formalmente el 24 de agosto, ya con el nuevo Gobierno balear de Marga Prohens, del PP, y está en fase de resolución de alegaciones, según explican desde IbSalut. Sin embargo, que la reclamación prospere es complicado, debido al certificado de conformidad emitido en 2020 (cuando ya se conocía el defecto de calidad en las mascarillas) y algo que la empresa puede esgrimir como prueba de la aprobación de la Administración balear respecto a las mascarillas.
Ábalos, presunto «intermediario» ante la reclamación
En esta reclamación de Baleares sitúa ahora la Audiencia Nacional a José Luis Ábalos: la investigación relaciona al exministro de Transportes con la trama balear al situarle como «intermediario» ante la reclamación de Baleares a la empresa relacionada con Koldo García.
Según las investigaciones, Ábalos se habría reunido en una marisquería de Madrid con su exasesor el pasado enero para tratar la reclamación, un encuentro en el que Koldo García habría tratado de «influir» en beneficio de la empresa Soluciones de Gestión para que la demanda no prosperase, según se desprende del auto. El juez ha constatado, ademas, que Koldo García planeaba reunirse con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y con un tal «Alberto».
La reunión entre Ábalos y Koldo «tiene un especial interés» para la investigación, según apunta el magistrado, debido a la conversación telefónica que un día antes habían mantenido Koldo García y el empresario Juan Carlos Cueto (considerado cerebro de la trama). En ella, Cueto le pedía a Koldo que «le dijese algo a un tercero» con el que se iba a reunir el día 10, día que tuvo lugar el encuentro con Ábalos.
El exministro ha tachado de «fantasía» que la investigación le sitúe como «intermediario» con el Gobierno de Prohens en relación con el material anticovid comprado por el anterior. «Ni de coña», ha sentenciado.
Armengol se justificó tras el estallido del caso
Tras el estallido del caso Koldo la semana pasada, la presidenta del Congreso y presidenta de Baleares en el momento de la compra de mascarillas defendió que su Ejecutivo fue un «afectado» de esa trama y en ningún caso cómplice de la misma.
Armengol remarcó que los contratos firmados fueron «de emergencia, pero legales», que en aquel momento analizaban «todas las opciones para adquirir material sanitario» y que ese material «se enviaba a analizar».
La expresidenta balear insistió en que, ante el defecto en las mascarillas, se «reclamó en tiempo y forma que esa empresa devolviera una parte del dinero», lo que no explica por qué la reclamación se realizó tres años después, por qué se emitió un certificado de conformidad ni por qué se imputó el gasto en el material a la Unión Europea conociendo la irregularidad.