Un obstáculo podría amenazar la trayectoria del convoy PSOE-Junts en la recta final de la negociación de la amnistía, justo cuando ambas partes confiaban en la posibilidad de un acuerdo. Este jueves, a una semana de finalizar el plazo de la negociación, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió una causa contra el expresident catalán por el presunto terrorismo de Tsunami Democrátic. La misma sala que juzgó el 1-O ha decidido imputar a Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg (ERC), ambos aforados, fugados de la Justicia española y presuntamente implicados en las actuaciones de Tsunami.
Tras esta decisión, tomada por unanimidad, la magistrada Susana Polo se encargará de dirigir la instrucción y decidir, en su caso, juzgar a los líderes independentistas. El auto dictado este jueves toca de lleno en el punto débil de las negociaciones entre el Gobierno y Junts, que llevan tiempo enconados discutiendo sobre cómo debería blindarse el posible delito de terrorismo relacionado con el procés en la medida de gracia.
El 23 de enero, esta misma cuestión llevó al PSOE a pactar una enmienda en la norma para calmar los temores de Junts frente a las investigaciones del juez Manuel García Castellón, instructor de la causa de Tsunami. Hasta entonces, la proposición de ley perdonaba los delitos de terrorismo solo cuando no hubiera recaído una sentencia firme.
A partir de esta fecha, sin embargo, el texto de la amnistía perdona los delitos de terrorismo (también los condenados en firme) siempre que no hayan causado «violaciones graves de Derechos Humanos», en particular «las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales».
Aprobada esta enmienda, la amnistía se encaminó hacia el Pleno del Congreso de los Diputados, donde previsiblemente se validaría al cabo de una semana. Pero en esa semana el juez Manuel García Castellón dictó un auto en el que señalaba que las acciones de Tsunami Democràtic fueron «incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos».
El acuerdo saltó por los aires y Junts hizo fracasar la votación de la ley de amnistía. Los de Puigdemont votaron en contra de la ley por no ser «integral», es decir, por considerar que no abarcaba el terrorismo a todos los implicados en el procés. En consecuencia, la norma volvió a la Comisión de Justicia por un tiempo de quince días, que se prolongaron otros quince más por falta de acuerdo: en el transcurso, Junts ha defendido a capa y espada la necesidad de ampliar la amnistía, mientras que el PSOE rechaza modificarla por temor a que no pase el filtro del Tribunal Constitucional o el de la Justicia europea.
Según llegaba a su fin el mes de conversaciones, a comienzos de esta semana parecía que Junts y el Ejecutivo estaban cerca de alcanzar un acuerdo (cuyo contenido, en todo caso, se desconoce). Este mismo miércoles, el líder fugado de Junts se mostró esperanzado de que «al final» habría pacto. El jueves, antes de conocerse la imputación de Puigdemont, la vicepresidenta María Jesús Montero también dijo confiar en que el acuerdo llegará antes del 7 de marzo. Pero la decisión del Supremo de aceptar investigar a Puigdemont tal y como había pedido García Castellón ha dado un vuelco a la situación.
El expresident catalán reaccionó el jueves al auto del alto tribunal mostrando de nuevo su desconfianza en el Poder Judicial: «El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación».
En poco más de 100 días de legislatura, se ha hecho costumbre en el bloque de investidura lograr los acuerdos a última hora, con el agua al cuello. Pero, tal y como señalan fuentes de la oposición, en este momento el PSOE y Junts son actores todavía más «impredecibles».
El PP cree que Junts hará «negocio» con un PSOE «débil»
El movimiento del Supremo ha pillado con el pie cambiado a la oposición, que hace unas semanas admitía la «dificultad» de probar la conexión de Carles Puigdemont con el terrorismo de Tsunami. También en plena polémica por el caso Koldo, en la que anda sumergido el PP. En este contexto, los populares creen que la causa del alto tribunal es un detonante más de la «debilidad» del Gobierno a siete días de que expire la fecha para pactar la amnistía con Junts.
Si hace un mes Junts decía estar dispuesto a quedarse sin su anhelada ley si el PSOE no aceptaba su enmienda, ahora ejercerán una mayor presión sobre Sánchez que está falto de apoyos parlamentarios. Al menos esa es la interpretación del PP: «Junts va a hacer negocio con la debilidad emocional del PSOE».
En Génova no alcanzan a pujar sobre quién ganará la batalla ante unos actores tan «impredecibles». En todo caso advierten de que hoy «el independentismo está más fuerte que nunca» y a la debilidad parlamentaria del PSOE se suma ahora que está en «shock» por la trama de corrupción que, al menos, ha supuesto el sacrificio de José Luis Ábalos, a quien los socialistas le han suspendido de la militancia.
La prueba de esta «debilidad» -dicen- es el PSOE se encuentran en un punto en el que prefiere hablar de la amnistía para olvidar el caso Koldo. «Con Puigdemont tienen un problema, pero tienen otros más con la mujer de Pedro Sánchez o con la presidenta del Congreso, Francina Armengol», entre otros. Con todo ello, los populares recomiendan a los socios de Sánchez analizar «si es tóxico, o no, estar cerca del PSOE».