Varios jóvenes migrantes en la playa de CeutaEP
Génova asegura que el partido «siempre cumplirá la ley»; los consejeros de Vox en las autonomías ya adelantan que no permitirán la reubicación de los inmigrantes.
Ceuta está lejos de recuperar la normalidad una semana después de la entrada masiva de 72.000 inmigrantes procedentes de Marruecos. El Gobierno asegura que 70.000 ya han sido devueltos a territorio marroquí, aunque las cifras bailan y el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, sospecha que todavía quedan hasta 6.000 deambulando por sus calles. Entre ellos, muchos menores no acompañados que las autoridades todavía no han terminado de contabilizar y que añaden mayor drama al incidente. Una vez registrados, el Estado tendrá que hacer frente a su reparto a lo largo del país, un reparto obligatorio al que el Gobierno espera que el PP no se niegue porque, en tal caso, acudiría a los tribunales. En las últimas horas, los populares han rebajado el tono, pero no así su compañero de coalición en los gobiernos de algunas comunidades, Vox.
Este miércoles, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apeló a la «solidaridad» de la autonomías para hacer frente a esta crisis y confió en que el PP muestre su disposición a lo largo de los próximos días para evitar así un conflicto judicial. «Aquí se trata de cumplir la ley, y es lo que espero que haga todo el mundo que tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea al frente de una comunidad autónoma o del Gobierno. No espero otra cosa», subrayó, antes de achacar a la dependencia que el PP tiene de Vox en algunas comunidades la actitud mostrada por el partido de Alberto Núñez Feijóo.
En Infancia, por su parte, afrontan la situación con la tranquilidad que les otorga la ley desde que en 2025 el Gobierno reformase el reglamento de extranjería para dictaminar que las comunidades autónomas estarán obligadas a acoger a los menores en caso de que las más afectadas por la inmigración declaren la situación de contingencia, como ocurre desde hace casi un año en Ceuta o Canarias.
Dicha declaración solo puede efectuarse si se triplica la capacidad ordinaria asignada a cada autonomía, que, en el caso de la ciudad autónoma, desde la actualización del pasado mes de junio, se sitúa en 29. El presidente ceutí, Juan José Vivas, asegura que en estos momentos están atendiendo a 1.100 menores migrantes, una cifra que se sitúa un 2.600% por encima de su capacidad crítica de acogida.
Por tanto, una vez se termine de identificar a todos los niños y adolescentes que entraron en Ceuta hace una semana es de esperar que se acuerde su reubicación a lo largo de todo el territorio español. En este punto, la colaboración del PP es esencial, puesto que gobierna en 12 de las 17 comunidades autónomas.
El PP, más dispuesto pero presionado por Vox
Los populares no obvian que afronta un asunto espinoso y ni mucho menos olvidan que hace apenas dos años Vox decidió salir de los gobiernos autonómicos que compartía con ellos precisamente porque aceptaron el reparto de 400 menores migrantes en sus regiones. A lo largo del transcurso de esta semana, en Génova han ido suavizando el tono, eso sí, sin dejar de culpar en todo momento de la situación al Gobierno de Pedro Sánchez.
Si el secretario genera del PP, Miguel Tellado, daba a entender que su partido no parecía estar muy por la labor de prestar su colaboración al asegurar que «el que ha generado el problema es el que debe resolverlo y se llama Gobierno de España y Pedro Sánchez», este miércoles la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, aunque con matices, sí abría la puerta a ello.
Ezcurra aseguró que «las comunidades del PP siempre van a cumplir la ley«, que, en caso de que tenga lugar el reparto, este tendrá que ser «justo, bien dotado y planificado», y criticó que en el último que tuvo lugar Cataluña y País Vasco no recibieran ningún menor. En este sentido, defendió que el Ejecutivo no está haciendo su trabajo.
«Hay que filiarlos [a los menores], saber cuáles están en situación de vulnerabilidad, pedir informes sociales a los consulados, al Gobierno de Marruecos y a la Fiscalía, en algunos casos, si tienen un juicio, los menores pueden expresar su opinión… Nada de esto ha tenido lugar porque el Gobierno ha abdicado de sus funciones. ¿Y ahora somos las comunidades autónomas del PP las que tenemos que decir? No, el Gobierno tiene que controlar su situación y después nos sentaremos a hablar de las soluciones a la irresponsabilidad inmensa que ha cometido», apostilló.
La disposición de Génova choca con las declaraciones que han realizado en las últimas horas los gobiernos de las comunidades que preside el PP junto a Vox. Cabe señalar que ambos han firmado a lo largo de este año acuerdos de investidura de los presidentes populares en los que destacaba el siguiente punto: «No más menores extranjeros no acompañados (menas) (sic). El Gobierno se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad».
Invocando este punto, han sido los integrantes de Vox en los diferentes ejecutivos autonómicos los primeros en alzar la voz. «El Gobierno extremeño se va a oponer por tierra, mar y aire y utilizará todos los medios políticos, administrativos e incluso jurídicos», señaló el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Oscar Fernández. «Andalucía se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos», aseveró el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira. En los mismos términos se ha pronunciado, ante el mutismo de los líderes populares de esas comunidades, los dirigentes del partido de Abascal en Castilla y León y Aragón.
Sin embargo, en aquellas regiones gobernadas por el PP en solitario el mensaje, aunque duro con Pedro Sánchez, ha sido diferente. La Xunta de Galicia reconoció que «habrá que atender» a los menores llegados a Ceuta y la Generalitat valenciana no se cerró a acoger a los menores pero aseguró que tienen que evaluar la situación porque sus centros están «colapsados». Madrid también defendió que sus recursos «están al límite», aunque la presidenta Isabel Díaz Ayuso fue más dura y declaró que «cada país tiene que hacerse cargo de su infancia».
Con todo, el Gobierno todavía tiene que concluir los trabajos de identificación de los menores en Ceuta. Este mismo viernes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará a la ciudad autónoma «para seguir trabajando en la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados», según informaron fuentes de su Ministerio.
El PP abre el Senado por Ceuta y apunta a Marlaska, Robles y Albares
Además, el Partido Popular ha reclamado este miércoles que tanto el Congreso como el Senado permanezcan activos durante el mes de agosto para abordar la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Tras solicitar sin éxito la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la formación de Alberto Núñez Feijóo sostiene que la gravedad de la situación exige una respuesta inmediata del Parlamento.
Los populares plantean que el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta, convoque de forma extraordinaria las comisiones de Defensa, Interior, Exteriores y Seguridad Nacional. Al mismo tiempo, han pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que reúna cuanto antes a la Diputación Permanente para habilitar esas mismas comisiones en la Cámara Baja.
El objetivo es que comparezcan los ministros de Defensa, Interior y Exteriores —Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares— para explicar qué medidas está adoptando el Ejecutivo para evitar que se repita una situación similar. El PP también reclama explicaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tanto por la gestión de la crisis como por las informaciones que apuntan a una nueva convocatoria en redes sociales para intentar otra entrada masiva en Ceuta el próximo 15 de agosto.
Además, el grupo popular ha registrado la solicitud de comparecencia de la directora del CNI, Eperanza Casteleiro, ante la Comisión de Secretos Oficiales y mantiene su petición para que el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, dé explicaciones en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional por el cese de una funcionaria que informó del número de migrantes llegados a la ciudad autónoma. El PP considera que todos estos hechos requieren una respuesta «inmediata» y mayor transparencia por parte del Gobierno.