Los pescadores asturianos temen más las noticias que llegan de Bruselas que al anuncio de una galerna: «Al menos, de la segunda te proteges en puerto», razona uno de los aproximadamente doscientos profesionales de la mar que se verían afectados en el Principado por la pretendida aplicación del reglamento europeo sobre acceso a aguas profundas. Esta normativa tiene por objeto prohibir todas las actividades de pesca de fondo (arrastre, palangre, anzuelos, etcétera) en 94 zonas de pesca de Francia, España, Portugal e Irlanda. «La idea es descabellada y no tiene sustento científico», defiende la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias. Pero la amenaza existe y tiene en vilo a la flota.
Los barcos asturianos que podrían ver restringidas sus zonas tradicionales de actividad son 40 del total de 248 que integran la flota regional. Eso equivale al 17 por ciento, pero el dato es engañoso porque, a su vez, representan el 37 por ciento de la potencia pesquera asturiana (medida en caballos de fuerza de los motores). Esos barcos, además, aportan la mitad de las capturas que se venden en las rulas del Principado (exactamente el 48 por ciento, según la estadística de 2021) y otro tanto de lo mismo del valor de primera venta (52,5 por ciento).
Según se puso de manifiesto la pasada semana en los cursos de verano de La Granda –que dedicaron una jornada a analizar el presente y futuro de la pesca–, el veto a las artes de fondo en casi un centenar de caladeros, tal y como la ha planteado la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Unión Europea, descabezaría a la flota asturiana y generaría un colapso del sector: habría barcos que deberían amarrar, otros tendrían que buscar alternativas aumentado la presión extractiva en otras zonas de pesca y el mercado se resentiría en término de variedad de productos comercializados.
Al menos, los pescadores asturianos no están solos en su oposición al veto a las artes de fondo: la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), que representa a más de 20.000 pescadores y 7.000 buques europeos y de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca), rechaza la pretendida aplicación del reglamento sobre acceso a aguas profundas. A juicio de la EBFA, «las consecuencias de este acto de ejecución serán dramáticas para todas las pesquerías europeas» y solicita su retirada «en vista de las reconocidas lagunas científicas, la falta de una consulta adecuada y de un análisis de impacto socioeconómico, así como la falta de respaldo por parte del Consejo».
En España, el Ministerio de Pesca es contrario a la aprobación del reglamento propuesto, al menos en sus actuales términos, tal y como refrendó en Avilés hace unos días la directora general de Pesca Sostenible, la luanquina Isabel Artime. También la dirección general de Pesca del Principado, en sintonía con sus homólogas de otras comunidades del Cantábrico, rechaza el pretendido recorte de áreas de pesca.