El Gobierno no descartó este martes que José Antonio Griñán pueda beneficiarse de un indulto. La portavoz del Ejecutivo de coalición, la socialista Isabel Rodríguez, optó por la cautela y advirtió de que es demasiado pronto para pronunciarse sobre este asunto dado que ni siquiera se ha hecho público el contenido de la sentencia en la que el Tribunal Supremo ratifica la pena de seis años de cárcel por sendos delitos de malversación y prevaricación en relación al caso de los ERE. «En aras al rigor –adujo– conviene no aventurarse en hipótesis».
El hecho de que el Ejecutivo no haya querido cerrar por completo la puerta a la concesión del perdón al expolítico socialista es relevante si se tiene en cuenta que durante varias legislaturas el PSOE de Pedro Sánchez impulsó en el Congreso una reforma, que no llegó a aprobarse, para prohibir el indulto tanto a los condenados por delitos de corrupción como a los condenados por violencia machista.
Nada más conocer el fallo, los socialistas defendieron por boca de su nueva portavoz, Pilar Alegría, la «honestidad» de Chaves y Griñán. «Pagan justos por pecadores», dijo. Pero desde el Gobierno también la minsitra Rodríguez hizo hincapié en que «todos» los pronunciamientos de la causa de los ERE concluyen que «no hubo enriquecimiento personal de los presidentes Chaves y Griñán» y remarcó que hay dos votos particulares (los de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, del sector progresista) que no coinciden con el veredicto apoyado por los otros tres magistrados de la sala (los considerados conservadores Juan Ramón Berdugo, Eduardo de Porres y Carmen Lamela).
Rodríguez añadió, en todo caso, que el Gobierno siempre respeta las decisiones judiciales; insistió en que aún hay que conocer los argumentos jurídicos de la sentencia, y recordó que el indulto requiere muchos trámites previos, entre ellos una solicitud al Gobierno. El abogado de Griñán, José María Calero, no descartó este martes recurrir a esa vía aunque apuntó en primer lugar hacia un «incidente de nulidad» de la sentencia o a un recurso de amparo ante el Constitucional, al que, además, se pedirá que suspenda la ejecución de la condena mientras decide.
«Depurar responsabilidades»
Más allá de esta cuestión, la ratificación de las penas impuestas por la Audiencia de Sevilla reavivó la contienda entre el PSOE y el PP a cuenta de la corrupción A pesar de que defendió la «honradez» de la «inmensa mayoría» de los cargos socialistas y aseguró que no usará el caso para «desacreditar» a Sánchez, Alberto Núñez Feijóo instó al presidente del Gobierno a «depurar responsabilidades». «La justicia ha dictado sentencia, las urnas también y ahora al PSOE le corresponde tomar decisiones», adujo.
El líder popular no desaprovechó, además. la ocasión de ser él, y no cualquier otro miembro de su partido, quien atendiese a los medios tras reunir al comité de dirección y definió el caso de los ERE como «la mayor corrupción de nuestra historia democrática».«La Junta se sirvió del dinero público –censuró– para utilizarlo en interés electoral y político del PSOE».
Desde el PSOE, la ministra Alegría habló de unos hechos que «nunca deberían haberse producido». Pero pidió «pudor» a Feijóo. «Es usted el presidente del único partido de este país que ha sido condenado por financiación ilegal», le espetó.
También la líder de Cs, Inés Arrimadas, se pronunció sobre el asunto y tildó de «increíble» que el PSOE haya defendido «hasta el final» a los expresidentes de la Junta de Andalucía. «Si fueran de otro partido –recriminó–estaría ardiendo Troya».