Las concentraciones masivas que han tenido lugar este domingo a lo largo de toda la geografía española deberían ser el toque de atención definitivo que llevase a Pedro Sánchez a evitar, cuando aún está a tiempo, la herida irreparable que se dispone a asestar a las reglas del juego democrático con sus acuerdos con Junts y ERC.
Las cifras, más allá de la incontestable afluencia multitudinaria, están sujetas a discusión. El PP calcula que ha reunido a dos millones de personas en todo el país, cerca de un millón sólo en Madrid. Unos números que las delegaciones del Gobierno han rebajado, respectivamente, hasta los 532.000 y 80.000 manifestantes.
Es incomprensible que a estas alturas no podamos disponer de una tecnología de medición aérea fiable que pueda contabilizar con más exactitud la asistencia a este tipo de eventos.
Las concentraciones masivas que han tenido lugar este domingo a lo largo de toda la geografía española deberían ser el toque de atención definitivo que llevase a Pedro Sánchez a evitar, cuando aún está a tiempo, la herida irreparable que se dispone a asestar a las reglas del juego democrático con sus acuerdos con Junts y ERC.
Las cifras, más allá de la incontestable afluencia multitudinaria, están sujetas a discusión. El PP calcula que ha reunido a dos millones de personas en todo el país, cerca de un millón sólo en Madrid. Unos números que las delegaciones del Gobierno han rebajado, respectivamente, hasta los 532.000 y 80.000 manifestantes.
Porque es evidente que las delegaciones del Gobierno, en manos socialistas, realizan sus estimaciones con análoga fiabilidad a la del CIS de Tezanos. Y es que, sencillamente, no es creíble que en los abarrotados aledaños de la Puerta del Sol hubiera menos gente que en la manifestación contra la amnistía de Vox del pasado 29 de octubre, que según la Delegación de Madrid reunió a 100.000 personas.
En cualquier caso, las pacíficas protestas de este domingo envían otro mensaje de importancia no menor: la calle respalda la oposición firme, pero serena que propone Alberto Núñez Feijóo.
Y es que esta movilización no tiene precedentes. Nunca un partido había sido capaz de organizar manifestaciones simultáneas de tal envergadura en las cincuenta capitales de provincia y las dos ciudades autónomas.
Es obligado reconocerle el mérito de la convocatoria al PP, tras haber demostrado que tiene una implantación territorial real e incomparable con la de otros partidos que quieren disputarle la hegemonía en la derecha.
La insólita movilización avala que, hoy por hoy, el PP es la única fuerza que cuenta con la estructura y el liderazgo necesarios para lanzar un llamamiento de estas características.
Le va a costar al PSOE seguir manteniendo aquello de que es el partido que más se parece a España después de esta exhibición de fuerza de los populares. Le será difícil desoír esta advertencia a Sánchez de que la calle no está con él, sino con Feijóo.
Aunque estas protestas estaban marcadas por las siglas del PP, Sánchez no puede pasar por alto que, sólo dentro de su partido, 13.000 militantes socialistas rechazan la amnistía. Y habría que saber cuántos lo harían si pudieran volver a votar. Por no hablar de la multitud de dirigentes históricos del PSOE que han mostrado su frontal rechazo.
A ellos se suma toda una serie de sectores sociales progresistas (o al menos no circunscritos al ámbito de la derecha, como la Junta Democrática) que estos días se han manifestado contra la inequidad de las concesiones al separatismo. Los nuevos grupos que se están organizando, como El Jacobino o La Tercera España, demuestran que puede haber y hay un espacio de izquierda nacional y antiseparatista.
La transversalidad de las protestas permite constatar una vez más la puerilidad mayúscula de los argumentos del PSOE, que sigue empeñado en invocar el comodín del franquismo y la ultraderecha para desacreditar la abrumadora oposición a la amnistía.
Esta es la mayoría de españoles que «ya no es silenciosa», en palabras de Feijóo. Más de la mitad del país rechaza por primera vez categóricamente la investidura de un presidente. Y no hay precedentes de un repudio tan unánime a una medida concreta. Son el CGPJ; todas las asociaciones de jueces; las asociaciones de fiscales y diplomáticos; los principales despachos de abogados; multitud de colegios profesionales; los sindicatos de funcionarios, policías y guardias civiles; los inspectores de Trabajo y Hacienda y las patronales, incluidos los pronunciamientos de un sinfín de intelectuales de ideologías dispares.
Sin que quepa negarle a Sánchez la legitimidad de su futura investidura, es obligado darle la razón a Feijóo cuando afirma que «por primera vez en España» una investidura será «contraria» a lo que los españoles dijeron en las elecciones.
Por eso, el PSOE debería ser más cauto al retratar el clamor cívico contra sus acuerdos de gobierno como una insurrección contra un mandato democrático. Sánchez tiene los votos para ser investido, pero a la mayoría de los españoles en contra.
A partir de aquí, el PP tiene que canalizar esta protesta social en todos los frentes con respeto escrupuloso a la legalidad. Y no devolviendo «golpe por golpe», como ha sentenciado este domingo Isabel Díaz Ayuso, ni acogiéndose a la lógica del ojo por ojo. Tampoco planteando disparates como la huelga general, que Feijóo, muy inteligentemente, ha preferido sortear.
Se trata de combinar la movilización en la calle con la lucha infatigable en todas las instituciones y en los órganos controlados por el PP, con el recurso a la vía judicial cuando proceda y con una oposición tenaz en las Cortes.
También en las urnas, hasta que, como ha pedido Feijóo, «podamos volver a votar con toda la verdad», planteando así las elecciones europeas del próximo junio como el primer plebiscito a Sánchez tras la amnistía.
No estamos ante un combate que pueda resolverse por KO de la noche a la mañana. Pero jornadas como la de este domingo deberían invitar a la esperanza. Y servir a modo de recordatorio de que, el día que Sánchez sea investido, ya quedará un día menos de Gobierno de Sánchez.