Tras meses fiando a la amnistía una posible recomposición de puentes con Junts, Moncloa asume ya que tiene poco margen para acercarse a sus socios y sitúa los Presupuestos como la última gran vía de negociación parlamentaria de la legislatura.
Todo apunta a que, al menos hasta septiembre, las negociaciones parlamentarias entre el Gobierno y los grupos quedarán atrapadas en una suerte de día de la marmota: sin golpes de efecto, sin avances sustanciales y con las mismas posiciones enquistadas. Así lo asume el Ejecutivo y así lo trasladan tanto sus socios como, sobre todo, quienes han retirado o condicionado su apoyo. Este jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene previsto pronunciarse sobre la amnistía, una resolución que Moncloa llegó a contemplar como una posible ventana de oportunidad para recomponer puentes con Junts en caso de ser favorable a la ley. Ahora, sin embargo, ya no confía en que vaya a alterar el bloqueo. Tampoco prevé nuevos movimientos para acercar posiciones ni con los de Carles Puigdemont ni con Podemos. Con la legislatura entrando en su tramo final, la lógica electoral se impone cada vez más a la negociación parlamentaria.
Desde Moncloa se limitan a expresar su confianza en que la sentencia sea «positiva», es decir, que avale la aplicación de la amnistía en la línea marcada por el abogado general de la Unión Europea. Pero ahí terminan sus expectativas. No esperan que el fallo altere la relación con Junts, entre otras cosas porque el partido de Carles Puigdemont tampoco ha trasladado que vaya a modificar la dinámica actual con el Gobierno, con el que rompió relaciones hace ya nueve meses. Después mucho tiempo presentando esta resolución como una posible ventana de oportunidad para recomponer puentes, el Ejecutivo da ahora prácticamente por cerrada esa vía y abre la siguiente: las vacaciones. «A ver cómo sienta el verano», señalan fuentes gubernamentales, que asumen que no habrá esfuerzos adicionales para acercar posiciones con Junts antes de septiembre.
Tampoco se prevén avances ni en la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE) ni en la delegación de las competencias migratorias a Cataluña. En este último asunto, Moncloa desplaza la presión hacia Podemos, que en los últimos meses se ha distanciado cada vez más del PSOE hasta ejercer, en la práctica, como oposición por la izquierda a Sánchez. De hecho, este pasado martes se ha abstenido en la votación de la senda de déficit, un gesto que no ha pasado desapercibido.
El Ejecutivo es consciente de que el desbloqueo de la delegación de competencias depende precisamente del respaldo de Podemos, pero evita asumir en solitario el coste de esa negociación. «La dificultad parlamentaria es para todos», sostienen en Moncloa, una forma de advertir de que no están dispuestos a cargar a sus espaldas con el entendimiento entre sus socios. Su principal apuesta pasa ahora por que el «periodo vacacional» rebaje la tensión y remueva de algún modo el avispero a su favor.
Además de la agenda judicial, el curso político se cerrará con un último Pleno con varios flecos por atar, aunque buena parte del orden del día sigue todavía por concretar. Por ahora, está confirmada la convalidación del decreto anticrisis y la segunda votación de la senda de déficit, paso previo a la elaboración de los Presupuestos. Pero también podría llegar al Congreso la ley de Integridad Pública, después de que Sánchez se comprometiera a remitirla antes del verano, aunque para cumplir ese calendario el Consejo de Ministros tendría que aprobarla en segunda vuelta el próximo martes, 21 de julio.
Pero lo cierto es que Moncloa no parece estar priorizando la negociación de medidas concretas para recomponer su mayoría parlamentaria. La mirada está puesta en los Presupuestos, no tanto porque el Gobierno confíe en poder aprobarlos como porque le permiten dotar de contenido político al tramo final de la legislatura y ordenar su relato ante un Congreso cada vez más fragmentado.
La apuesta cobró fuerza cuando el PNV y Junts empezaron a reclamar a Pedro Sánchez un adelanto electoral ante el cerco judicial que rodea al Gobierno y al PSOE. Frente a esas presiones, el presidente respondió colocando los Presupuestos Generales del Estado en el centro del tablero, casi como una cuestión de confianza de facto, teniendo en cuenta que lleva toda la legislatura retrasando su presentación precisamente porque esta votación podría obligarles a precipitar la convocatoria electoral.
Sus socios reciben el movimiento con escepticismo aunque en la misma clave. Son varios grupos los que lo interpretan como una «excusa» para convocar elecciones generales en el primer trimestre de 2027 y cerrar así la legislatura con una justificación política y parlamentaria, desligada al menos formalmente de la crisis judicial que cerca al PSOE. En este sentido, todo apunta a que septiembre será el inicio de una intensa precampaña en la que la agenda judicial y las cuentas públicas marquen el paso de una legislatura que ya da los últimos coletazos, con los partidos ya tomando posiciones más electoralistas que parlamentarias.